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La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual (7/2010 de 31 de marzo) se erige como la normativa básica de coordinación, ordenación y regulación de la comunicación audiovisual de ámbito estatal en España. La ley, que entró en vigor el 1 de mayo, señala al nuevo contexto derivado de la evolución tecnológica y la digitalización como generadores inmediatos de la necesidad de cambios importantes en materia de regulación del sector audiovisual.

La norma no ha estado exenta de interpretaciones polémicas. Entre ellas, la relacionada con una posible redefinición del servicio público de las radio- televisiones públicas, las críticas al modelo de gestión y financiación propuesto para sanear las cuentas de estas entidades o la creación de un órgano vigilante cuyas decisiones pudieran despertar ciertas incompatibilidades en el futuro.

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