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- 18-06-2012 | Nereida López Vidales
El servicio público de radiodifusión, “libre elección” autonómica

La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, ha sido aprobada este mes (7 de junio de 2012) en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, que contaba con competencia legislativa plena para sacar adelante el proyecto de ley y posteriormente remitirlo al Senado. El proyecto de ley ha salido adelante con el voto a favor del PP, la abstención de CiU, y el rechazo del PSOE, la CHA -en nombre de la Izquierda Plural-, UPyD y ERC.

Entre otros cambios al texto presentado por el Ejecutivo, el PP ha consensuado con el PSOE cambiar el nombre de la Ley, que pasa a llamarse la Ley de modificación de la Ley 7/2010 de 31 de marzo, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisuales. Igualmente, se han aceptado otras dos enmiendas del PSOE para añadir al texto los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, contemplado en la Ley de Contratos del sector público. Además, se precisa que la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del servicio también ha de realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato.

La nueva redacción establece que las comunidades que acuerden la prestación de un servicio público de comunicación audiovisual determinarán los modos de gestión del mismo, que podrán consistir, entre otras modalidades, en la prestación del servicio de manera directa a través de sus propios órganos, medios o entidades; en la atribución a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la producción y edición de los distintos programas audiovisuales, o en la prestación del mismo a través de otros instrumentos de colaboración público-privada, de acuerdo con los principios antes mencionados.

En la segunda enmienda aprobada, se propone la adición de un nuevo párrafo a la exposición de motivos, donde se haga una referencia expresa al respeto del marco normativo europeo en materia de servicios de interés económico general de radiodifusión.

Por otro lado, PP, PSOE y CiU, han apoyado otra enmienda de PNV que fija una cláusula de excepción para la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual que tienen lugar en la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con su régimen foral, y conforme a lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la comunidad.

Además, se ha aprobado una enmienda del PP destinada a permitir que tanto las televisiones como las radios públicas puedan alcanzar acuerdos tanto entre sí como con RTVE ” con el objetivo de mejorar la eficiencia de su actividad”. En el proyecto de ley presentado por el Gobierno se preveía esta posibilidad para las televisiones, pero no para las radios.

Esta reforma de la Ley permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. Además, se elimina la obligatoriedad que se establecía sobre las públicas a la hora de ejercer la producción propia de sus servicios informativos, pudiendo ceder a un tercero la producción y edición de los mismos.

vía: www.telecinco.es