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- 21-04-2012 | Elena Medina de la Viña
Las piedras sobre nuestro tejado…

Las piedras sobre nuestro tejado

Nos están deshaciendo la casa, la casa de la producción audiovisual española, se entiende.

Han empezado por Televisión Española: Un recorte de doscientos millones de euros que hará que la cadena pública no pueda estrenar sus propios productos, no pueda comprometerse en la compra de derechos de películas  y que amenaza seriamente la continuidad de sus series de éxito como Águila Roja, Cuéntame o Amar en tiempos revueltos, que han conseguido eso tan difícil que es exportar la ficción nacional: Águila Roja se emite en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos y Francia, además de haber sido premiada en el Festival Internacional de Televisión y cine de Nueva York y por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York y ofrecer además un buen número de productos derivados (transmedia); Amar en tiempos revueltos, a pesar de su localismo histórico y geográfico, se emite al menos en cinco países, incluyendo Estados Unidos. Estamos, por tanto, hablando de ficción nacional que hace industria y esto también es función de la televisión pública.

Se está descapitalizando a la televisión pública vaciándola de los contenidos más competitivos que le proporcionan importantes cifras de audiencia. Una vez desvalorizada y eliminada de la competencia estará lista para ser vendida a bajo coste, perdón, privatizada. También es posible que, sin la competencia de sus productos de ficción, las cadenas privadas no sientan la necesidad de hacer grandes inversiones en este tipo de contenidos; si a ello añadimos la bajada de la inversión publicitaria en televisión, tenemos la justificación necesaria para paralizar las producciones de ficción, como ya ha comunicado Telecinco; este abandono supondría una numerosa pérdida de puestos de trabajo en el sector audiovisual.

La televisión pública también tendrá que recortar en la compra de derechos de películas españolas, lo que de forma inmediata supone una parada de la producción cinematográfica.

Pero por si esto fuera poco, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha procedido a un recorte drástico en las cantidades dedicadas al cine español: El Fondo de Protección a la Cinematografía se reduce en un 35%, quedando en 49 millones de euros y el  Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales lo hace en un 35,4% .

Como resultado, para este ejercicio se eliminan las ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías, las ayudas a la producción de series de animación, las dedicadas a la elaboración de guiones de largometraje, las ayudas al desarrollo de proyectos de películas de largometraje, las destinadas a las películas y documentales para televisión, las ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto, las que se otorgaban a la realización de proyectos culturales y de formación no reglada y las destinadas a la exhibición. Se mantienen únicamente las destinadas a la producción de largometraje sobre proyecto, las ayudas a cortometrajes realizados, a la distribución, a la conservación del patrimonio cinematográfico y a la organización de festivales. Se mantendrán también las líneas de financiación a través del ICO es decir, los créditos que los productores solicitan para producir las películas. Pero esto son créditos a la producción y líneas de minoración de intereses, no subvenciones propiamente dichas.

Con este panorama hay parón en la producción cinematográfica española; se estima que solamente un 20% de los rodajes previstos están en marcha.

Y todo ello confiando en un futurible: Que la empresa privada se vuelque en la producción de cine español mediante unas medidas de desgravación fiscal, que no llegarán hasta 2013, y que pueden quedarse en unas cantidades raquíticas que probablemente no se equiparen a las barajadas en el actual mecenazgo de arte (25% de desgravación sobre el valor de la obra para particulares y el 35% en el impuesto de sociedades para la empresa) y eso que aún así, estas cantidades distan mucho de las que se estilan en otros países: 66 y 60% respectivamente en Francia y en ocasiones hasta el 100% en Estados Unidos.

Pero volvamos a nuestro cine; en la actualidad los coproductores financieros, particulares o empresas, pueden deducir un 5% de la renta generada en la inversión, que obligatoriamente debe ser una aportación entre el 10% y el 25% del coste de producción para largometrajes y series de ficción; si hacemos números veremos que estos límites representan cantidades muy respetables, con lo que se pierde la oportunidad de enganchar a pequeños inversores. Para los productores la cantidad se fija en el 18% sobre el impuesto de sociedades. En ambos casos, muy lejos de lo que se aplica en la actual Ley de Mecenazgo, en la que el cine no es de aplicación.

También los recortes de las comunidades autónomas y municipios afectan al sector, no sólo porque disminuyan sus convocatorias para ayudas a la producción, sino también por lo que afecta a otras áreas relacionadas con el audiovisual, como los festivales de cine; ya han caído unos cuantos en el camino y otros se enfrentan a serios recortes que ponen  en riesgo el poder acometer una programación de calidad (1).

Si hiciéramos una lista, nos sorprendería la cantidad de profesionales y empresas que ya se ven afectados, o se verán en un futuro próximo, por este tipo de medidas: no sólo los productores, que no olvidemos que son los que se quedan afrontando los créditos asumidos para poner en marcha las películas y los contenidos televisivos, sino también directores, actores, guionistas, técnicos audiovisuales de todas las categorías, estudios de postproducción y sonido, laboratorios, todo tipo de empresas proveedoras desde cámaras a vehículos, empresas de catering, vestuario, agencias de prensa, empresas de exhibición, que ya no contarán con ayudas para la transformación digital de las salas, distribuidores, etc.

Nos escandalizan las subvenciones al cine en un país acostumbrado a vivir de la subvención, ya que una parte muy importante de nuestras industrias están subvencionadas: la energía, el sector turístico, las comarcas mineras….

Hablando de estas últimas, el “Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Organismo Autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Energía, cuenta con una dotación de 358,95 millones de euros, de los que 302,9 millones cubrirán las ayudas a la producción de carbón de las empresas, las destinadas a las prejubilaciones de trabajadores de la minería y a la formación en comarcas mineras” (2).  Esta cifra es para 2012 y ya incluye los recortes. No soy sospechosa, soy asturiana pero, aún así, no puedo dejar de pensar que el agotamiento de una industria tan contaminante como la minería del carbón es conocida desde los años sesenta. El actual plan del carbón se firmó en 2006, Bruselas prevé su desaparición en 2014, y en él se contemplan una serie de ayudas directas: a la reducción de actividad, al acceso a reservas de carbón, a la cobertura de cargas excepcionales, a costes técnicos, a costes sociales, a costes por restauración de explotaciones, a inversión en medio ambiente y nuevas tecnologías, a financiar la totalidad de los stocks de las centrales térmicas y la reactivación de las comarcas mineras que se traduce en desarrollo de infraestructuras (3).

No se si todo esto ha dado como resultado una reactivación de industrias alternativas en Asturias o un aumento de prejubilados con cargo a estos fondos, pero en cualquier caso nada tiene que ver con el planteamiento para con el audiovisual español que, al parecer, no tiene consideración de industria para nuestros gobernantes.

Recuerdo esta cita de la LEY 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine: “Debe tenerse muy presente, junto a su dimensión cultural, el carácter industrial de la actividad cinematográfica y audiovisual y del conjunto de la acción de sus agentes de producción, distribución y exhibición, a fin de que la política de protección y fomento pueda ser considerada dentro del marco jurídico y de los mecanismos y herramientas que posibilitan la mejora de competitividad de nuestras empresas, incluidas las ayudas e incentivos fiscales o la inserción en las políticas específicas de investigación y desarrollo”.

Pues nada de nada, y ya se que la contestación es que el cine español no tiene público pero, ¿Acaso tuvo alguna vez una adecuada política de difusión que contrarrestara los tsunamis provocados por los despliegues publicitarios de otras cinematografías? Tampoco seguimos usando cocinas de carbón…

 

Notas:

(1)  Belinchón, G. (2012): Cine: mucha producción, pocos recursos. Diario El País, 16 de marzo de 2012.

(2)  ACN Press, Agencia Canaria de Noticias: El Ministerio de Soria reduce un 32% su presupuesto.

(3)  Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras. Madrid, 28 de Marzo de 2006.